Sin Justicia no hay Derechos


La Asamblea General de Trabajadores Públicos de Asturias, en su reunión de hoy martes 12 de febrero, acordó apoyar la movilización convocada por la Plataforma Sindical de Justicia a nivel estatal el próximo 20 de febrero, coincidiendo con la huelga de jueces y fiscales.

En Asturias se celebrará una manifestación que partirá a las 11:30 de la Plaza Eduardo Gota Losada (Edificio Judicial) y terminará a las 12:30, bajo el lema «Sin Justicia no hay Derechos». La problemática que denuncia esta Plataforma es la siguiente:

  • Desaparición del Registro Civil gratuito. Según un anteproyecto de ley, los Registradores de la Propiedad pasan a ser los Encargados del Registro Civil, y las Notarías los encargados de los matrimonios. En primer lugar se pagarían 500 euros por matrimonio y además lo que te cobre el Registrador por inscribirlo. Todos los servicios del Registro Civil estarán sujetos a arancel, los Registros Civiles desaparecen, y a los empleados públicos los recolocan en los Juzgados.
  • Privatización del Servicio de Actos de Comunicación y Ejecución. Este Servicio, que se encarga de practicar las notificaciones, los embargos y también los lanzamientos de vivienda por juicios de desahucio o de ejecución hipotecaria, se encuentra en un proceso de privatización, pues las funciones que se llevan a cabo en estos servicios se otorgarán al colectivo de  procuradores, que como sabréis, no son empleados públicos, sino un colectivo que trabaja en representación de quien les contrata. Por tanto, con esta privatización, no sólo se pierden los puestos de trabajo correspondientes, sino que desaparece la neutralidad que aporta la funcionaria o el funcionario público al proceso entre partes. Sin olvidar que estos profesionales no trabajan gratis y, o bien cobrarían de las personas que son parte en los procesos judiciales -sean o no, contratados para su representación, lo cual supone encarecer el procedimiento-, o bien ( lo que ellos reivindican) el Ministerio otorgaría una partida presupuestaria para sufragar este servicio una vez privatizado….. Es decir, desvio de dinero  público para subvencionar negocios privados en detrimento del empleo público y de las garantías procesales de la ciudadanía.
  • Instrucción de las causas penales. Esta instrucción actualmente está en manos de los jueces, que teóricamente al menos son independientes, aunque si lo son demasiado como Garzón y su labor independiente amenaza a políticos en el gobierno, se les monta una trama… y a la calle. Pero para no tener necesidad ni de montar la trama al juez incómodo, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal otorga la instrucción a la Fiscalía, institución que obedece al prinicipio de jerarquía y que depende del Fiscal General del Estado, cargo de libre designación del Gobierno. En definitiva, una manera legal de asegurarse la impunidad y de paso abaratar el Servicio de Justicia, pues desaparecerán  los juzgados de instrucción y con ellos otros cuantos miles de puestos de trabajo.
  • Proyecto de Ley de Planta y Demarcación, cuyo objeto es reducir a la mínima expresión los partidos pudiciales y los juzgados de paz (los juzgados de los pueblos). Este Proyecto de Ley no sólo amenaza el empleo directo en la Administración de Justicia, sino también el indirecto, de otros profesionales de la abogacía, procuraduría, y tambien del comercio, de la hosteleria y de otros servicios. Algunas comarcas no alcanzan a ver la gravedad de la reforma; en cambio otras, cuyos habitantes tienen una mayor cultura política y una trayectoria de lucha, como es el caso de  las Cuencas Mineras, lo entienden perfectamente y ya están organizadas para la pelea, es el caso de la cuenca minera del Nalón, que teme perder sus juzgados porque se concentre la actividad judical de las cuencas mineras en Mieres. Este proyecto, destruye puestos de empleo público y privado y derechos ciudadanos, aleja la justicia de la ciudadanía y la encarece al sumarle los gastos de los desplazamientos.
  • La Ley de Tasas afecta a la ciudadanía hasta el extremo de que resulta más rentable renunciar los derechos que defenderlos en los tribunales, y eso sólo tiene una denominación: «Ausencia de Tutela Judicial Efectiva» o, en lenguaje de la calle, «Justicia sólo para los ricos». Además de a la ciudadanía, afecta también al empleo público, pues las demandas ya se están reduciendo en un porcentaje importante y más a medida que aumenta la Instancia, es decir apelaciones, recursos de casación etc, pues a medida que aumenta la instancia, aumentan las tasas. El empleo de las salas civiles de las Audiencias y en gran parte de los Tribunales Superiores de Justicia e incluso del Tribunal Supremo desaparecerá de manera significativa. La Ley de Tasas también ha impuesto la obligación a empleadas y empleados públicos de acudir a los tribunales contenciosos en defensa de sus derechos laborales asistidos de abogado y procurador, lo cual añade un tercer agravio a nuestro colectivo.

Recuerda que la Justicia, aunque no esté tan bien valorada ni reconocida como la Educación o la Sanidad, es un derecho, y entre sus funciones está a su vez garantizar nuestro derecho al resto de los servicios públicos que este Gobierno y sus secuaces están desmantelando.

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