Declarada ilegal la ampliación a 40 horas de la jornada laboral de los empleados públicos del Principado


Importante sentencia lograda por el Conceyu por otra Función Pública y un varapalo para la Administración del Principado.

La ampliación de la jornada de trabajo de los empleados del sector público del Principado de Asturias de 37 horas y media a 40 horas, acordada por Resolución de 29 de junio de 2012, de la Consejera de Hacienda y Sector Público, fue ilegal.

Así lo acaba de determinar la sentencia dictada el 27 de marzo por el Juzgado de lo contencioso – administrativo nº 5 de Oviedo (ver aquí), estimando el recurso interpuesto por un miembro del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies. Según señala el fundamento de derecho quinto de la sentencia, la Consejería de Hacienda y Sector Público se extralimitó y fue más allá de lo que imponía la legislación básica del Estado en la Ley 2/2012 de 29 de junio y, además, era manifiestamente incompetente para hacerlo, pues dicha ley ” no marca más límite que el derivado del mínimo común denominador, que son las 37 horas y media. Al respecto, cabe señalar que la duración de la jornada especial no tiene por qué coincidir con las 40 horas semanales de modo que lo que debía respetarse en cualquier caso era que la jornada especial no podría ser inferior a esas 37 horas y media semanales de trabajo efectivo. Elevarla a 40 horas por medio de una Resolución que aprueba instrucciones es una adaptación exorbitante teniendo presente el balance normativo y quien la dictó, que no es órgano contemplado en el art. 68.1 de la ley 3/1985 de 26 de diciembre. La adecuación solamente debería haberse producido tras seguir los cauces procedimentales de reforma correspondientes -en donde incluso se podría haber adoptado hipotéticamente otro marco que no fuera el de las 40 horas – ya que la Ley 2/2012 de 29 de junio no imponía ningún número de horas concreto”

 Es decir, la Consejería de Hacienda y Sector Público dictó unas Instrucciones provisionales para aumentar la jornada laboral de los puestos con dedicación especial, de 37 horas y media a 40 horas, que fue absolutamente precipitada, sin justificación legal alguna, pues la legislación básica del Estado no exigía dicha ampliación y siendo un órgano manifiestamente incompetente para adoptar dicho acuerdo. Resulta difícil encontrar tal cúmulo de irregularidades en una misma disposición administrativa.

Pero, además, esta sentencia pone en evidencia la política de personal del Gobierno del Sr. Fernández, que ha llevado más allá de lo legalmente exigible los recortes de derechos laborales y de conciliación de la vida laboral y familiar impuestos por el Gobierno de Rajoy. Si Rajoy ha venido usando indiscriminadamente la motosierra con los derechos laborales y sociales de los empleados públicos, Javier Fernández pronto le cogió gusto al instrumento y ha querido pasar por la derecha al Gobierno central con una de mayor potencia.

La sentencia que acaba de conseguir el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies tiene unas consecuencias económicas de enorme importancia. En base a la misma, todos los trabajadores públicos que  se vieron obligados a realizar la jornada de 40 horas que ahora se declara ilegal, cuando sólo debían cumplir la 37 horas y media, podrán reclamar el importe económico correspondiente al exceso de horas realizadas durante el periodo de vigencia de la Resolución que ahora se anula, que deberán abonarse como horas extras.

Un nuevo golpe judicial a la Administración del Principado, producto de un estilo prepotente en la forma de gestionar el empleo público que ya resulta inquietante e inadmisible, por repetido y reiterado en un tan breve plazo de gobierno.

Noticia completa en página del Conceyu aquí.

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2 pensamientos en “Declarada ilegal la ampliación a 40 horas de la jornada laboral de los empleados públicos del Principado

  1. Esta sentencia nos deja al descubierto con toda su crudeza una legislatura más que tendremos que soportar la acostumbrada prepotencia de nuestro PSOE asturiano. Como así nos lo demostró, por si no tuviésemos el suficiente convencimiento, en la reciente negociación del nuevo Reglamento de Jornada Laboral, más propio de caciques que de representantes públicos con una mínima decencia y sentido de compromiso con sus ignorados presupuestos programáticos y de diálogo con las inquietudes de su entorno social.

    Esti PSOE llariegu se ve sobrepasado por todos los lados, desde la derecha a quienes critican para seguir convenciendo una ingenuidad electoral fiel, es el caso de la derecha nacionalista del Gobierno del País Vasco que acaba de presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre el Decreto que, entre otros recortes, nos suprimió la paga extra del pasado mes de diciembre a l@s trabajador@s públicos, al igual que sucedió en los países europeos intervenidos.

    Sufrimos la versión más retrógrada del PSOE del país. Mientras en Andalucía y desde la dirección general de Madrid se promueve expropiar a los bancos poseedores de un amplísimo parque inmobiliario ocioso, aquí en Asturies no se atreven más que a una tímida negociación de la que aún no conocemos sus presupuestos y real voluntad de concretarla.

    La sociedad civil, a través de sus organizaciones e instituciones, como vemos, se está moviendo ante el despropósito promovido desde las más altas instancias del poder económico y financiero responsables de la crisis y que se han marcado como objetivo el desmantelamiento de los Estados y sus Servicios Públicos. Diversos gobiernos en este país, como vemos y podríamos poner variados ejemplos, muestran al menos cierta sensibilidad ante las demandas populares, promoviendo recursos ante los tribunales. De la misma manera que así han actuado diversas entidades de la sociedad civil como es el caso de los sindicatos.

    Y aquí en Asturies en su momento promovimos, desde la Asamblea General de Trabajador@s Públic@s de Asturias, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante los grupos políticos de la Junta General y que fue desatendido e ignorado. Una asamblea legislativa donde hay grupos como Izquierda Unida, que hicieron oídos sordos a nuestra demanda y que al día de hoy, increíblemente, mantienen silencio ante talo cúmulo de despropósitos, como viviendo en una burbuja aséptica, sin desmarcarse ni abandonar ni siquiera por un momento. Un momento en el que exigiría que alguien alzase la voz y dejase su papel de socio y puntal en la sombra de un Gobierno indigno de la ciudadanía asturiana a quien dice representar.

  2. A cuenta de la sentencia esta, el sindicato USIPA nos informa a l@s trabajador@s del Principado del encuentro que tuvo con el responsable de Función Pública Gancedo. Una nota informativa donde encontramos algún detalle más de la postura del Director General y que subraya su talante, más propio de un empresario para quien sus empleados nada más fueran meras fichas en un tablero susceptibles de mover a su antojo. Recurrirá la Sentencia al TSJA, una sentencia que alude precisamente a algo tan esencial como propiciar la negociación que no hubo, pues el incremento horario fue, como se dice en el encuentro, por vía de urgencia y se impuso un incremento horario para los trabajadores con dedicación especial de 40 horas semanales. Una cifra arbitraria, podría plantearse porqué no fueron 39, 38, o dejar el horario que ya tenían. Nos mete miedo y por ende adivinamos que al final hasta se atrevería a cargar las culpas al Conceyu por otra Función Pública, por recurrir. Nos amenaza este impresentable con quitar el complemento retributivo si al final el TSJA se posicionara en contra del Principado, tiene la desfachatez de decirnos que si fuese así se trataría de un “enriquecimiento ilícito”, un verdadero insulto para unos trabajadores que ocupan su puesto por mérito propio y que día a día justifican su trabajo. Nadie los puso a dedo como es su caso y de muchos de sus correligionarios de partido que buscan tener sus propios chiringuitos y áreas de influencia y de poder en el Principado. Cuando la ética y los valores ideológicos ocupan un lugar secundario es lo que pasa. Todos los trabajadores de la Administración del Principado sufrimos, tras los decretos de Rajoy, un EMPOBRECIMIENTO ILÍCITO (no debería de ser lícito empobrecerse para enriquecer y tapar agujeros de delincuentes financieros y empresariales) generalizado tras la pérdida de percepciones, aumento horario no retribuido y pérdida de días. De esto debería de estar hablando el PSOE desde un principio y en estos momentos ese debiera de ser el protagonismo, no de cacicadas como la presente.

    Más que un recurso contra una iniciativa ciudadana que busca afianzar los derechos laborales, el PSOE debería de recurrir la política de recortes que desde que llegó al gobierno el Partido Popular está aplicando como una apisonadora hacia los Servicios Públicos y las condiciones laborales de sus trabajadores. Ahí tienen el Tribunal Constitucional como un recurso más al que intencionadamente desistieron de utilizar, prefiriendo cargar contra los trabajadores públicos, en la misma línea que el Partido Popular.

    Y la postura de un sindicato, como USIPA,debería de ir mucho más allá que una exposición aséptica y acrítica de un encuentro con este señor. Quedarse en, como dicen ellos, “a la espera de acontecimientos”, resulta lamentable.

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