LA JUSTICIA NO ES DE GALLARDÓN, ES DEL PUEBLO


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Nada halagüeño se adivina para la justicia de este país desde que el ministro Gallardón y sus colegas de gobierno del PP han tomado las riendas de la misma, nada halagüeño para quienes trabajamos en ella, y mucho malo e injusto para la ciudadanía

No es sólo un problema el que nos encontramos en la justicia desde que el irresponsable Gallardón maneja con sus zarpas el devenir de este servicio público esencial, por cierto, un servicio público que siempre fue despreciado, arrinconado, cuando no ignorado por todos los gobiernos que han ido desfilando por Moncloa desde hace casi cuarenta años.

Desarrollaremos brevemente cuáles son los grandes males que un ministro retrógrado ha legislado y plantea legislar para este servicio público:

– La horrenda Ley de Tasas, despropósito descomunal de alguien a quien solo le importan más los bancos y las grandes empresas que la ciudadanía para la que debería gobernar. Acaba con el derecho a la tutela judicial efectiva, y la justicia ya no es para todos y todas, será para quienes se la puedan pagar, dejando tirada a la mayor parte de la ciudadanía, sí, a la parte más débil y desfavorecida.

– La privatización del Registro Civil, en la cual se adivina fácilmente cómo tan solo se trata de “un negocio” expropiando este servicio público al pueblo, para ponerlo en manos de una oligarquía muy cercana a su círculo de familiares y amigos del Partido Popular (Registradores de la Propiedad, Mercantiles, y Notarios), destruyendo más de 3500 puestos de trabajo.
Lo que hasta el momento es de todos y todas, sufragado con los Presupuestos Generales del Estado, es decir con los impuestos que paga la ciudadanía, dejará de ser gratuito para pasar a engrosar las cuentas corrientes de estos profesionales, mientras las personas seguiremos pagando los mismos impuestos y además deberemos abonar los aranceles correspondientes cada vez que necesitemos una certificación, un expediente, etc

– La apuesta decidida por aprobar lo más rápido posible la reforma del LOPJ y la Ley de Demarcación y Planta Judicial, es otra tropelía de este ministro porque supondrá un dramático deterioro de esta Administración, un alejamiento de la ciudadanía a la justicia, y una pérdida importantísima de derechos del personal que presta sus servicios a la Justicia.

– La ley que regulará el procedimiento penal, la entrega de la instrucción a los Fiscales, podría condicionar seriamente las instrucciones de los procedimientos penales, ya que los Fiscales deben atender a decisiones jerárquicas, lo cual podría representar un serio atentado al principio de legalidad e imparcialidad.

– El anteproyecto de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobado por el Consejo de Ministros del 3 de Mayo, que convierte al procurador, (personal de carácter privado, no independiente, contratado y pagado por una de las partes para que represente sus intereses contra los intereses de la parte contraria), en juez y parte, o más grave aún, en agente de la autoridad para ejecutar los derechos del demandante sobre los derechos del demandado, lo cual supone la aberración mas absoluta desde el punto de vista de las garantías procesales que se le deben a todas las partes en el proceso y que se eliminan para la parte demandada, lo que a su vez, supone un nuevo ataque al principio constitucional de la “tutela judicial efectiva”

– . Por supuesto, no podemos olvidar que esta reforma conllevaría una importante cifra de pérdida de puestos de trabajo.

Lo anteriormente expuesto, tiene para un objetivo final, que no es otro que la brutal privatización del servicio público de la Admón. de Justicia, y por ello, exigimos al Sr. Gallardón que derogue la Ley de Tasas y su vergonzante reforma, que retire el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como que retire para su aprobación el proyecto de la reforma de la LOPJ y de la Ley de Demarcación y Planta, y el anteproyecto de reforma integral de los registros.

Tenemos derecho a una justicia igual para todos y todas como servicio público que es y ha de seguir siendo, servicio público fundamental y por lo tanto gratuito.

Tini Navas

Asturias 22 de mayo de 2013

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