Contra la represión y por nuestros derechos civiles


Texto íntegro del escrito presentado esta mañana por la Asamblea General de Trabajadores Públicos de Asturias ante Delegación del Gobierno:

Los acontecimientos del pasado viernes 7 de diciembre, en los que en el desarrollo de las habituales movilizaciones de los “Viernes Negros” varios compañeros fueron identificados por leer artículos de la Constitución en la Junta General del Principado y otro compañero, una vez terminada la manifestación, fue objeto de seguimiento, identificación, amedrentamiento y amenaza de sanción por parte de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, han generado una profunda conmoción y una honda preocupación entre el resto de empleados públicos participantes.

Es absolutamente incomprensible que en el marco de unas protestas pacíficas, respetuosas y responsables se produzca semejante atropello a nuestros derechos constitucionales como manifestantes y se intente criminalizar las legítimas reivindicaciones de unos ciudadanos ya suficientemente agraviados.

Estos hechos sólo se pueden entender en el actual contexto de aumento de la represión que está sufriendo toda protesta frente a la monumental estafa que llaman crisis: en Asturias llevamos 15 imputados en las dos huelgas generales de este año; medio centenar de detenidos en las movilizaciones mineras; 20 detenidos por intentar parar un desahucio en Ciudad Naranco. Y ahora nos toca a los empleados públicos.

Queremos hacer un llamamiento  a los responsables y a los miembros de las fuerzas del orden público: vuestros hijos estudian en las escuelas públicas; vosotros sois atendidos en la sanidad pública; vuestros padres y madres, al igual que los nuestros, reciben una pensión pública. Esto es lo que defendemos, y no otra cosa. No somos malhechores. No somos el enemigo. No estamos causando un perjuicio a nadie ni tenemos de qué avergonzarnos, si no al contrario.

Emplazamos al Delegado del Gobierno a que detenga esta escalada represiva y que hechos como los del pasado viernes no vuelvan a repetirse. Que persiga a los causantes de la bancarrota del país y proteja a los ciudadanos en sus protestas y en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y democráticos.

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