EuroMarchas 2015


Por una Europa de las personas, digamos ¡basta! a la Europa del capital

Cada vez más personas, ciudadanas de la llamada Unión Europea, acaban el día habiendo perdido el trabajo o viendo cuestionados y mermados los derechos a una vivienda y a una salud dignas, a una educación igualadora o unas pensiones suficientes. La llamada crisis financiera ha sido la excusa perfecta del capitalismo globalizado para reducir al mínimo los derechos ciudadanos y desposeer a los pueblos de su soberanía democrática.

Sabemos reconocer al opresor, el tradicional poder tiránico de los muy ricos, que se ha transformado hoy en totalitarismo financiero sobre la base de nuestros propios ahorros gestionados desde sus bancos; pero también hemos aprendido a conocer y desenmascarar a los políticos que se eligieron para servir al pueblo y sin embargo sirven al poder del dinero y han pactado antidemocráticamente las normativas europeas con el capital y no con la ciudadanía.

  • Cuando nuestros representantes han supeditado la democracia a la codicia de los mercados, habremos de decir ¡basta!
  • Cuando la Troika nos está ahogando con una deuda soberana ilegítima que en su origen era de los bancos, priorizando su pago a cualquier gasto social y llegando a sumir a pueblos, como el griego, en la esclavitud, habremos de decir ¡basta!
  • Cuando a los países del sur de Europa se nos ha negado, mediante la Europa monetaria y el pacto del Euro, la posibilidad de realizar políticas autónomas para combatir el insoportable nivel de paro y salir de la crisis, habremos de decir ¡basta!
  • Cuando una mayoría de parlamentarios europeos han votado promover un tratado de libre comercio entre EEUU y la UE, el TTIP (Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión) que permitirá a las transnacionales operar al margen de las instituciones democráticas e incluso procesar a los gobiernos ante tribunales especiales sin control democrático, si defienden el libre mercado por encima del interés general, habremos de decir ¡basta!
  • Cuando en Europa existen territorios paraísos fiscales, que poseen normas en beneficio de las personas ricas, grandes capitales y empresas, constituyendo plataformas para la elusión, evasión y fraude fiscal, para los negocios turbios, la especulación financiera o el lavado del dinero de los corruptos y de la criminalidad organizada, habremos de decir ¡basta!
  • Cuando nuestro medio ambiente, bosques, atmósfera, ríos y mares continúan su deterioro sin que se implementen medidas radicales y eficientes para detenerlo y sin que se respeten determinados acuerdos y medidas que se estipulan en las cumbres internacionales, habrá que decir ¡basta!
  • Cuando siguen sin implementarse políticas eficaces que garanticen la igualdad de género, erradiquen el machismo y acaben con la violencia contra las mujeres, habremos de decir ¡basta!
  • Cuando se levantan muros físicos y legales (como la Directiva de la Emigración o de la vergüenza) a personas que huyen de la guerra, la miseria y la enfermedad; y cuando se promueven políticas que auguran una Europa racista, xenófoba e insolidaria, habrá que decir ¡basta!”
  • Cuando ésta Europa prioriza los intereses financieros y de mercado sobre los derechos humanos y el bienestar social, privatizando servicios públicos, transformando a los ciudadanos en clientes y degradando los derechos sociales (vivienda, agua, sanidad, educación, dependencia), lo que repercute especialmente en los más vulnerables, habrá que decir ¡basta!””

La tan deseada Europa, democrática, igualitaria, social, unida y en paz, que tantos y tantas soñaron tras la segunda Guerra Mundial se ha frustrado. El momento actual para la ciudadanía y los pueblos de Europa es desesperante.

Está claro que estamos en un momento de emergencia social y cívica en el que la democracia es demasiado valiosa para dejarla en manos de los mercados. Los gobiernos hace tiempo que rindieron sus armas al capital y los medios de comunicación divulgan y aplauden sus crueles políticas. Llamamos a la ciudadanía a la rebelión cívica contra la dictadura bancaria. Ha llegado la hora de que la ciudadanía asuma su papel histórico de rebelión contra la tiranía de los pocos, exigiendo otra Unión Europea al servicio de las personas y no del capital.

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Por esto diversos movimientos sociales y organizaciones políticas y sindicales hemos planificado una acción conjunta de los pueblos de Europa, las EUROMARCHAS 2015. Entre los días 1 y 17 de octubre de 2015 los pueblos de Europa se movilizan hacia Bruselas para pedir un giro radical en las políticas de la Unión Europea.

En el Estado español, junto al resto de los miembros de la Unión Europea nos estamos organizando para los actos de estos días, os invitamos a las personas y entidades a participar.

 Por la unión de la ciudadanía europea, Contra la Europa del capital y por una Europa de las personas, democrática, social, ambiental y solidaria

Participa en las EUROMARCHAS 2015
Gibraltar – Bruselas del 01 al 17 de octubre

http://euromarchas2015.net/
euromarchas2015@gmail.com

¡BASTA!, OXI, ENOUGH!  Construyamos otra Europa

Impugnación de los 48 puestos de confianza política de la Junta General del Principado


Información completa en la página del CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES, miércoles 9 de septiembre.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies acaba de presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias recurso contencioso -administrativofrente al Acuerdo de la Mesa de la Cámara de la Junta General del Principado de Asturias, adoptado en sesión celebrada el 29 de junio de 2015, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de personal eventual, por entender que el mismo incurre en graves irregularidades que lo vician de nulidad.

De entrada, la Mesa de la Junta aprobó una relación de 48 puestos de trabajo de personal eventual sin definir las funciones que les corresponden y que permitirían su configuración como puestos de confianza política como, por otra parte, exige el propio Reglamento de la Cámara. Este incumplimiento resulta especialmente grave por cuanto que los llamados “asesores” sólo pueden desempeñar tareas de colaboración inmediata con los cargos políticos que los nombran, en las que predominen las notas de afinidad y proximidad política que es inherente la “confianza” y tienen prohibidas las actuaciones de colaboración profesional que son normales en la actuación de una Administración Pública, las cuales deben ser desempeñadas obligatoriamente por funcionarios públicos.

Examinada la relación de los 48 de puestos de confianza aprobada por la Mesa de la Cámara, que incluye secretarios de mesa (7), asesores de grupos parlamentarios(8),responsables de comunicación de grupos parlamentarios(6), secretarios de grupos parlamentarios (6), asistentes de grupos parlamentarios (10),auxiliares de grupos parlamentarios (7), más 4 puestos adscritos al gabinete de la Presidencia; parece evidente que en algunos de estos tipos de puestos se realizarán tareas cuyo desempeño no precisa de afinidad y proximidad política con los diputados y diputadas, sino que son más bien actividades profesionales propias y características de la actuación administrativa que deben ser prestadas por funcionarios públicos y que están prohibidas al personal eventual: funciones de gestión, apoyo técnico, secretaría de despacho, manejo de aplicaciones informáticas, trabajos de oficina, etc.

Pero, además, el acuerdo de la Mesa de la Junta incumple las Normas Reguladoras de la estructura orgánica de la Junta General, que solo permiten nombrar personal eventual para asistir a los Vicepresidentes y a los Secretarios de la Mesa en el ejercicio de sus funciones, pero no para los vocales de la misma como se hace de forma irregular en dicho acuerdo.

Por último, la relación de puestos de trabajo del personal eventual incumple la obligación de señalar las retribuciones complementarias que corresponden a cada uno de dichos puestos.

Por las razones expuestas, podemos concluir que la relación de puestos de personal de confianza política de la Junta General está claramente inflada y sobredimensionada y que debe reducirse, lo que no supone que defendamos un recorte de empleo público, sino la sustitución de puestos provistos con criterios clientelares por puestos reservados a funcionarios públicos –suplir el sistema de botín en el acceso al empleo público, propio de los Estados liberales decimonónicos, por el sistema del mérito característico de los Estados Democráticos de Derecho

Comunicado del Conceyu por otra Función Pública n´Asturies


Con motivo del nombramiento del nuevo Gobierno del Principado de Asturias se han lanzado públicamente algunas propuestas sobre cómo cubrir y por quién determinados puestos de la estructura gubernamental, que no van acompañadas del razonamiento mínimo necesario para la justificación de lo que se propone.

Desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies queremos aprovechar la ocasión que nos brinda la composición del nuevo Gobierno para clarificar, de forma razonada, las diferencias entre puestos políticos y puestos funcionariales y, de paso, los criterios y principios que deben regir la provisión de unos y otros.

Al nuevo Gobierno le corresponde legalmente la dirección de la Administración Pública, para lo cual deberá nombrar a una serie de cargos con funciones políticas, fundamentalmente: los Consejeros, que son miembros del Consejo de Gobierno y ejercen la titularidad de las Consejerías que integran la Administración del Principado, correspondiéndoles respecto a las mismas ejercer las competencias que, conforme a la estructura orgánica y funcional de aquélla, les fueren atribuidas por razón de la materia y, en un segundo escalón, los Directores Generales, a los que competerá la dirección y coordinación de los servicios que estén bajo su dependencia, respondiendo ante el titular de la Consejería y, en su caso, ante el titular de la Viceconsejería.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies no ve ninguna razón objetiva de peso para exigir que estos puestos de naturaleza política y, en particular, las Direcciones Generales, se provean obligatoriamente con funcionarios públicos, pues ello supondría confundir la naturaleza y las funciones de la estructura política que dirige la Administración con los puestos funcionariales que ejecutan las decisiones políticas.

Los funcionarios públicos no deben dedicarse a tomar decisiones políticas, pues no están legitimados para ello: no son elegidos democráticamente, sino que deben acceder a sus puestos según principios de igualdad, mérito y capacidad, que aseguren su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, protegiéndolos de presiones políticas, así como la profesionalidad y objetividad en el desempeño de sus puestos.

Rechazamos, por tanto, la funcionarización obligatoria de los puestos de naturaleza política con funcionarios nombrados a dedo, que solo contribuiría a dañar la imparcialidad con la que deben desempeñar sus funciones los funcionarios públicos.

Cuestión distinta es que para los nombramientos de Directores Generales deba exigirse competencia profesional, acreditada mediante una motivación adecuada sobre los méritos del nombrado en relación con la materia sobre la que va a tomar decisiones. Ello redundará en la elección de cargos políticos que sepan de aquello a lo que se van dedicar y no deban el puesto solo a su militancia política o al enchufismo más descarado y permitirá, asimismo, controlar en vía judicial si los nombrados reúnen un perfil profesional suficientemente ajustado al puesto político que van a cubrir.

Dicho lo anterior, también rechazamos la politización que se ha hecho de determinados puestos que, aun siendo de confianza política, tienen un componente técnico y de control de la legalidad muy importante. Nos estamos refiriendo al puesto de Interventor/a del Principado de Asturias y a los de Secretario/a General Técnico de cada una de las Consejerías que componen el Gobierno. El nombramiento y cese en estos puestos no puede seguir siendo como hasta ahora, una potestad arbitraria del Gobierno del Principado, pues con ello se están socavando las mínimas condiciones objetivas para poder desempeñar sus funciones de forma ajustada a la ley y al Derecho, como requiere la Constitución.

Para acabar con esta politización indeseable, consideramos que la provisión de estos puestos  debe someterse a convocatoria pública y que se deben poner límites al Consejo de Gobierno y a los respectivos consejeros para su cese, que solo debería poder hacerse por motivos tasados y previa tramitación de un expediente contradictorio con audiencia del interesado/a.

Finalmente, como no puede ser de otro modo, los puestos estrictamente funcionariales, que en el Principado de Asturias terminan en las Jefaturas de Servicio, deben ser provistos, como regla general, por concurso de méritos, con independencia de que se sometan a una evaluación objetiva y transparente sobre el desempeño de sus funciones. En todo caso, deberá descartarse la utilización de la figura del “personal directivo”, creada con la única intención de disponer, de forma encubierta y en fraude de ley, de funcionarios de confianza política y/o personal.

En resumen, lo que tiene que hacer el Gobierno es acabar con esa tenue e interesada frontera entre acción política y función pública, pues esa es la única forma de garantizar al común de las personas que la Administración ajustará su actuación a Derecho.

Información del Conceyu por otra función pública n’Asturies.


El Tribunal Supremo destapa la ilegalidad de las encomiendas de gestión del Principado de Asturias

Enlace a la noticia original en el blog del”CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES” 

El Tribunal Supremo, en sentencia dictada el paso 1 de julio (ver aquí) ) anula la encomienda de gestión realizada por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Gobierno del Principado de Asturias a la fundación FASAD, aprobada por resolución de 1 de marzo de 2010, cuyo objeto era el análisis y valoración de la documentación presentada por los centros de servicios sociales para su acreditación como tales y la emisión del informe sobre el cumplimiento de los requisitos de acreditación de centros de atención de servicios sociales.
La Consejería de Bienestar Social y Vivienda, dirigida entonces por Izquierda Unida de Asturias, justificaba la encomienda de gestión en la imposibilidad de tramitar las numerosas solicitudes de acreditación  dentro de plazo, lo que unido a la escasez de medios personales y materiales, podía implicar que algunos centros quedasen acreditados por silencio positivo pese a que, quizás, no garantizasen un servicio de calidad. Para intentar evitarlo, se encomendó la gestión de estos procedimientos administrativos a la fundación FASAD, integrada en el sector público asturiano, pero sujeta en su funcionamiento al derecho privado.
El Tribunal Supremo sentencia ahora que esa cesión de la gestión administrativa fue ilegal, pues no se trata de una actividad de mero trámite, sino de actuaciones administrativas procedimentales (fundamento de derecho décimo), por lo que se vulneraron las prohibiciones del artículo 15.5 de la Ley 30/1992, especialmemte la que impide encomendar a personas o Entidades sujetas al Derecho privado actividades que, según la legislación vigente, hayan de realizarse con sujeción al Derecho administrativo.
La sentencia que acaba de dictar el Tribunal Supremo tiene una enorme importancia desde el punto de vista de la gestión de los servicios públicos pues desvela una práctica bastante extendida, a pesar de ser manifiestamente ilegal, que es la encomienda a “chiringuitos” de la Administración del Principado que funcionan en régimen de derecho privado (empresas y fundaciones públicas), de la tramitación de procedimientos administrativos que sólo pueden instruir e informar funcionarios públicos, con todas las garantías inherentes a su condición Es decir, la privatización ilegal de la gestión administrativa de servicos públicos.
Resulta evidente que  la insuficiencia de medios personales y materiales para la gestión directa de estos procedimientos administrativos no es más que una coartada para reducir empleo público y adelgazar la Administración, a costa de limitar los derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas.
El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies confía en que esta sentencia sirva de toque de atención para poner fin a estas encomiendas de gestión fraudulentas e insta al nuevo Gobierno del Principado a revisar todas las encomiendas de gestión actualmente vigentes que incurran en los mismos vicios de nulidad, revirtiendo la gestión a los órganos administrativos competentes para ello.

Transparencia sobre la actividad de formación del Instituto de Administración Pública Adolfo Posada


INFORMACIÓN DE “El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies”

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies se ha dirigido al Instituto de Administración Pública Adolfo Posada, solicitando información sobre la actividad docente desarrollada por el mismo en el pasado año 2014. Con ello se trata de conocer los criterios de selección del personal docente y la identidad de los beneficiarios del más de un millón de euros destinado en los Presupuestos Generales del Principado a tal fin, así como las cantidades percibidas por cada uno de ellos.

A este respecto, esta asociación ha requerido información sobre los siguientes extremos, al amparo de la Ley de Transparencia:

– Nombre y apellidos de las personas que se integren en cada una de las siguientes categorías u otras análogas: profesor, colaborador, tutor, ponente, coordinador ponente  de  curso  o  taller, tanto presencial como en línea, tutor guía en el puesto, colaborador de aula, miembro de mesa redonda, moderador de mesa redonda, instructor de prácticas y coordinador de actividades formativas.

– Administración, poder del Estado, entidad, organismo o empresa al que se encuentran vinculadas las personas determinadas en el párrafo anterior o lo estuvieran al momento de su participación, por cualquier tipo de relación.

– Denominación de las jornadas, cursos, seminarios o cualquier otro evento similar a estos en que hayan intervenido las personas citadas en el primer guión.

– Número de horas en que hayan intervenido las personas citadas en el primer guión y en calidad de qué, de acuerdo con todas las categorías referidas en el primer guión.

– Importe total percibido, tanto por intervención como anual, por todas y cada una de las personas a que se hace referencia en los párrafos precedentes.

– Criterios utilizados para la selección de las personas a las que se refiere el primer guión.

– Nombre y apellidos de las personas que se integren en cualquiera de las siguientes categorías u otras análogas: elaborador de un curso o material multimedia, actualizador o revisor de contenidos, dinamizador, autor/redactor de artículos y experto, así como el título del material o, en su defecto, título del curso, jornadas, etc. para los que se haya elaborado..

– En relación con los trabajos elaborados por las personas citadas en el guión anterior, precio que se paga por su realización y criterio seguido para la fijación de dicho precio.

– Criterios utilizados para la selección de las personas a que se refiere el guión anterior.

– Resultado de las encuestas que se realizan sobre cada curso, seminario, jornadas etc. en los que han intervenido como profesores, ponentes, conferenciantes, etc, Jueces o Magistrados. Se trata de poder conocer el grado de satisfacción de los asistentes a dichos eventos en relación con quienes los han impartido.

Esta asociación confía en que el Gobierno del Principado cumpla con los principios de transparencia y publicidad de los que tanto presume en su página web y rinda cuentas sobre el destino de una partida importante de los Presupuestos Generales.

Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en lunes, mayo 04, 2015


COMUNICADO:

DÍA DE LES LLETRES ASTURIANES

El próximu vienres 8 de mayu ye’l “Día de les Lletres Asturianes”, por cuenta d’ello una manifestación va percorrer les cais d’Uviéu a les 19:30 hores con salida dende la Estación del Norte n’Uviéu; al rematar la mesma, nel Teatru Campoamor a les 20:30 hores va tener llugar l’actu institucional de l’Academia de la Llingua Asturiana.

Teniendo en cuenta que la cultura ye la exa fundamental por que una sociedá tenga’l respetu y la dignidá que-y correspuende, y qu’el pegollu de cualesquier cultura ye’l so idioma; un añu más (y yá van más de cuarenta, ¡¡¡¡QUÉ VERGOÑA!!!!) tenemos que glayar bien altu (la nuesa clase política ye abondo sorda) y ESIXIR qu’el nuesu idioma tenga la dignidá y el respetu que se merez y que toles asturianes y asturianos merecemos.

Tamos en tiempu d’elecciones, y dempués de cuarenta años, cualquier agrupación política que pida’l votu de los asturianos, necesariamente tien que tener en cuenta nel so programa l’idioma (cola másima protección que-y correspuende: OFICIALIDÁ) como parte fundamental de la nuesa cultura, ¿qué ye que los nuesos políticos nun-yos interesa la cultura, tienen vergoña de la so cultura?. Los asturianos tamos fartos de ser ciudadanos de tercera; agrupaciones de distintu signu políticu n’otres comunidaes autonómes defenden la so cultura, ente que equí somos sistemáticamente fechos de menos, col nuesu idioma declaráu pola UNESCO en serio peligru d’estinción, solo trátase de voluntá política, namás.

Asina qu’un añu más, ye perimportante la to presencia y la participación de to@s nos actos n’esi día, pa esixir camudar la política d’esti gobiernín y del conxuntu de partíos políticos na Xunta Xeneral, que dende munchos años yá, la llingua asturiana ta mui lloñe de les sos prioridaes.

 ¡¡¡L’ASTURIANU LLINGUA OFICIAL YÁ!!!

Cartel I